El amanecer del 1 de enero de 2026 ha traído consigo un espejismo normativo. La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Organizativa prometía una Justicia del siglo XXI, pero ha colisionado frontalmente con la realidad: la de unos pasillos judiciales que parecen operar aún con recursos del siglo pasado. Quienes legislan desde el despacho parecen ignorar que la eficiencia no se sueña, se dota con recursos humanos, materiales y económicos. Sin un incremento real de plazas de jueces, fiscales, Letrados y personal de tramitación, la ambiciosa "eficiencia" corre el riesgo de ser recordada como la "Ley de Deficiencia Procesal".
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| Gloria Calderon, procuradora y mediadora. Una jurista volcada a la innovación | ||
Esta fase, última de aplicación de dicha ley, evidencia la falta de escucha a operadores jurídicos quienes ya advirtieron de la falta de recursos para la implantación de los Tribunales de Instancia.
El legislador justifica esta reforma bajo la premisa de que el modelo actual respondía a una España agraria y dispersa, hoy superada por la complejidad económica y el auge de la litigiosidad. Sin embargo, resulta paradójico que la solución propuesta —la implantación de los Tribunales de Instancia y la Oficina Judicial— nazca con pies de barro. Se pretende construir la casa por el tejado: el Preámbulo de dicha ley ensalza un avance "espectacular" en tecnologías de la información, mientras abogacía y procura seguimos recibiendo negativas a poder realizar vistas telemáticas por falta de medios técnicos mínimos que garanticen la seguridad jurídica.
El espacio en el que la seguridad jurídica debe ser andamio para lograr una tutela judicial efectiva no tiene el soporte material suficiente para sustentarse. La digitalización no es un fin en sí mismo, sino un medio y el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías de las personas, es un derecho fundamental de nuestra Carta Magna, cuando el medio y el derecho fallan, el sistema se bloquea y colapsa dejando desprotegidas y desamparadas a las personas que acuden a que les “impartan justicia”.
Los primeros días bajo esta nueva arquitectura soñada han sido, para abogados y procuradores, una suerte de "excursión" forzada por sedes judiciales desorientadas. Un totum revolutum de cambios de ubicación, cartelería nueva y lavados de cara que intentan ocultar un desorden estructural y real.
Tras más de treinta años adaptándome a cambios tecnológicos y legislativos, hoy me veo en la necesidad de reclamar un "GPS Judicial ad hoc". No solo para ubicar físicamente las sedes, sino para navegar en la incertidumbre: ¿A qué número llamar? ¿Quién tramita exactamente en esa nueva oficina? ¿Quién se encarga de la ejecución? ¿Con qué persona debo hablar para consultar algo urgente? ¿Dónde se celebra el juicio? ¿Dónde debe ir el administrado a recoger una notificación personal?, ¿Ha llegado por Lexnet el escrito donde debería llegar?, ¿Para qué año se señalará un juicio? Un sistema judicial que requiere de un GPS externo para ser comprendido es, en esencia, un ataque directo a la tutela judicial efectiva (Art. 24 CE). La Justicia que se dilata sine die en un limbo burocrático deja de ser Justicia para convertirse en abandono institucional del administrado.
Como procuradores, somos testigos directos de esta "turbulencia" que amenaza con paralizar la administración de justicia y cómo esta languidece día tras día.
La Ley habla de especialización, homogeneidad y capacidad organizativa. Sin embargo, el SECOTRAM (Servicio Común de Tramitación) y la nueva Oficina Judicial parecen haber sumergido los expedientes en un armario virtual de ubicación desconocida en el limbo jurídico. Es difícil explicar a la ciudadanía que su derecho debe esperar a un turno que quizás llegue en 2029, mientras se le exige —según el texto legal— "contribuir a la sostenibilidad del servicio público".
La verdadera eficiencia concurre cuando se optimizan los recursos, no cuando se dispersan las responsabilidades. Los procuradores actuamos hoy como la brújula dentro de este laberinto, guiando al administrado entre las sombras de una tramitación que se percibe cada vez más deshumanizada, lejana y virtual.
Resulta paradójico observar cómo la pretendida reforma organizativa ha derivado en una involución de la praxis procesal, exacerbando las disfunciones que teóricamente aspiraba a corregir. La desatención sistemática de las demandas planteadas por los operadores jurídicos y la ciudadanía ha cristalizado en una estructura hipertrofiada que, lejos de dinamizar el servicio público, compromete la tutela judicial efectiva. Nos hallamos ante una arquitectura institucional que languidece por falta de atención y escucha, convirtiendo el procedimiento en un iter burocrático inerte, ajeno a la realidad social que debe tutelar.
Según las estadísticas, los Colegios Profesionales manifiestan que en este último mes se ha incrementado en Madrid más de un 35% los asuntos pendientes de tramitar, escalando día a día y sumándose para formar parte de los datos estadísticos del colapso monumental.
Para que el acceso a la Justicia sea realmente un afianzamiento de garantías y no una carrera de obstáculos, es imperativo dotar a la estructura real de medios humanos y recursos materiales para poder desarrollar las funciones por parte de cada operador jurídico. Pero, por encima de todo, es necesario hacer la pregunta correcta a quienes trabajan en la Administración de Justicia: ¿Qué necesitan para que el sistema funcione?
Si el legislador sigue sin escuchar a los operadores jurídicos de a pie, el GPS judicial seguirá recalculando una ruta hacia un destino que nunca llega: la Justicia real.
La reforma ya está aquí, pero la justicia solo será "eficiente" si no se olvida de que detrás de cada expediente hay una persona y unas historias de vida y de que, sin profesionales que agilicen el tránsito procesal, el nuevo modelo será solo un edificio reluciente de cara a la galería con los pasillos (digitales) bloqueados y atascados sine die.
